CARACAS, 4 Ene. (NÓMADA NEWS). – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dispuso este domingo la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina del país, luego del arresto del mandatario Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos tras una operación militar internacional.
La determinación fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio, quien explicó que la medida busca garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación, ante lo que el tribunal calificó como una ausencia temporal del jefe de Estado.
Según la resolución judicial, Rodríguez asumirá todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, sin que ello implique —por el momento— una falta absoluta del mandatario, lo que evita la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales.
El fallo sostiene que la detención de Maduro fue consecuencia de una “agresión militar extranjera”, cuyo objetivo habría sido el “secuestro del presidente constitucional”, razón por la cual la ausencia fue catalogada como temporal. En ese marco, la vicepresidenta podrá ejercer el mando por un periodo inicial de hasta 90 días, con posibilidad de una prórroga por otros tres meses, previa autorización de la Asamblea Nacional. En caso de declararse una falta absoluta, la Constitución venezolana establece la convocatoria a elecciones en un plazo máximo de 30 días.
En su primera intervención tras la decisión del TSJ, Delcy Rodríguez informó sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación y la remisión al máximo tribunal del decreto de estado de conmoción exterior, firmado por Maduro antes de su captura.
“Estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregar el decreto a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, afirmó Rodríguez, quien remarcó que “el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro”.
De ser avalado por la Sala Constitucional, el decreto permitirá la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control militar de sectores estratégicos como los servicios públicos y los hidrocarburos, además de la implementación inmediata de planes de seguridad en todo el territorio nacional, en un contexto marcado por la tensión política y la incertidumbre institucional.
