LA PAZ 17 Dic. (NÓMADA NEWS).- La dirigencia de la CSUTCB declaró este miércoles estado de emergencia y anunció su rechazo al proyecto de Ley Antibloqueos, impulsado por el diputado Carlos Alarcón, que plantea sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan o participen en bloqueos.
La postura fue expresada por dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes advirtieron que no permitirán que la iniciativa prospere en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al considerar que el proyecto busca criminalizar la protesta social.
Durante su pronunciamiento, el dirigente David Quispe afirmó que el país atraviesa una situación de hambre, precariedad e inestabilidad económica, producto —según indicó— de decisiones gubernamentales que favorecen a sectores privilegiados en desmedro de los pequeños productores, microempresarios y sectores populares.
El dirigente cuestionó medidas como el denominado perdonazo tributario, señalando que beneficia a grandes fortunas, mientras se mantiene una política de discriminación económica hacia los sectores más vulnerables, en especial el campesinado.
Asimismo, denunció que el Gobierno pretende enfrentar la crisis económica mediante el cierre de empresas estratégicas, lo que —a su juicio— evidencia una intención de avanzar hacia procesos de privatización encubierta y el cumplimiento de acuerdos con empresas transnacionales y sectores políticos de derecha.
“La Unión de Trabajadores Campesinos no permitirá ninguna nueva estrategia de privatización ni pactos que atenten contra la soberanía nacional”, advirtió Quispe, a tiempo de llamar al Ejecutivo a no subestimar la capacidad de movilización del sector campesino y del pueblo organizado.
Finalmente, el dirigente anunció que, en consenso orgánico con sus bases, el sector evaluará medidas de presión, denunciando el incumplimiento de compromisos asumidos en campaña, que —según sostuvo— utilizaron a los sectores populares como plataforma política.
