LA PAZ 12 Dic. (NÓMADA NEWS).- El Juez Décimo Segundo de Instrucción Cautelar Anticorrupción y de Violencia de la ciudad de La Paz, Elmer Laura, dispuso este viernes la detención preventiva por cinco meses al expresidente Luis Arce Catacora, en el penal de San Pedro de La Paz, dentro del proceso que enfrenta por presuntos delitos vinculados al Fondo Indígena e investigado por el Ministerio Público.
La autoridad judicial, actuando en turno y en atención a la solicitud fiscal, determinó que existen elementos suficientes sobre la probabilidad de autoría y además riesgos procesales, entre ellos riesgo de fuga y obstaculización, sustentados conforme a los artículos 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.
El juez precisó que quedan pendientes de valoración adicional algunos riesgos procesales específicos, como los contemplados en los artículos 234.2, 235.1 y 235.2, los cuales serán revisados en la siguiente instancia procesal.
La medida extrema fue asumida considerando la gravedad del hecho y con el fin de garantizar el normal desarrollo de la investigación. En ese marco, Arce Catacora deberá cumplir la detención preventiva en el penal de San Pedro, donde Régimen Penitenciario deberá asegurar su integridad física, proporcionarle un espacio separado de personas sentenciadas y garantizar que pueda solicitar salidas médicas cuando su estado de salud lo requiera.
Asimismo, el juez fijó para el 12 de mayo de 2026 a horas 10:30 la audiencia de situación jurídica, en la que se revisará nuevamente la situación del imputado.
Con esta resolución, la autoridad judicial declaró el acto como causa de Estado, notificando a todas las partes presentes, en especial al Ministerio Público.
Arce dijo en audiencia que su aprehensión fue ilegal, porque fue interceptado por personas con pasamontañas, que no le mostraron la orden de aprehensión. Aseguró que de haber citación, él se habría presentado con gusto, sin la necesidad de que lo aprehendan.
Al final, el juez Laura consideró que el daño económico es de grandes proporciones y que, al tratarse de delitos de corrupción, corresponde la detención preventiva.
