LA PAZ 26 Nov. (NÓMADA NEWS).- El Gobierno anunció este martes el inicio de una reestructuración integral en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), luego de que una primera semana de auditorías revelara presuntos daños económicos que superarían los 95 millones de bolivianos, derivados de irregularidades administrativas, contratos incumplidos y posibles hechos de corrupción.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que el monto identificado corresponde únicamente a la primera fase de revisión interna y que, por la magnitud y dispersión de los proyectos, se prevé que las cifras podrían ampliarse conforme avancen las investigaciones.
“En solo una semana de trabajo se han identificado daños por 95 millones y medio de bolivianos. Estamos frente a un patrón de irregularidades que compromete la gestión, el patrimonio del Estado y la producción nacional”, señaló la autoridad.
Hallazgos críticos en plantas productivas
Entre los casos más graves, se detectó un perjuicio cercano a Bs 41,4 millones en la planta procesadora de papa en Chuquisaca. El contrato, ya resuelto, incluía la presentación de una póliza de caución adulterada por parte del contratista, pese a lo cual se realizaron desembolsos millonarios.
Asimismo, se pagaron Bs 25,7 millones por maquinaria que permanecen retenida en China, poniendo en riesgo la recuperación de los equipos y la conclusión del proyecto productivo.
Otro caso emblemático es la planta piscícola en el lago Titicaca, con una inversión de Bs 47 millones, de los cuales ya se canceló casi el 89% del presupuesto; sin embargo, la obra solo alcanzó un avance físico del 34%.
“Se pagó más de lo recibido, se anticiparon recursos sin respaldo técnico y se ignoraron las alertas sobre el avance real de la obra”, informó el ministro.
Irregularidades operativas y compras injustificadas
La auditoría también identificó compras de alimentos balanceados por Bs 148 mil, que actualmente se encuentran vencidos debido a que se adquirieron sin que la planta estuviera concluida.
Otro hallazgo relevante es la contratación de servicios para siembra de granos que dejó un daño económico de Bs 6,5 millones, al igual que proyectos de producción directa de maíz en Guarayos, San Borja y Santa Cruz, donde se previó sembrar 1.200 hectáreas, pero solo se ejecutaron 175, pese a pagarse el total del servicio.
Además, se detectaron contratos por alquiler de maquinaria con un perjuicio cercano al medio millón de bolivianos, y pagos por Bs 1,56 millones a dos empresas en Ixiamas y San Buenaventura para preparación de suelos y siembra que no se ejecutaron conforme al contrato.
Acciones legales e intervención institucional
El Gobierno confirmó que se presentarán denuncias penales contra los funcionarios y privados involucrados en la afectación económica al Estado. Justiniano anticipó que las investigaciones continuarán en otras áreas de la empresa, ante la probabilidad de encontrar nuevas irregularidades.
“El país debe recuperar estos recursos y restituir la institucionalidad. Lo que venga con Emapa será una decisión de Estado basada en análisis técnicos, pero lo que sí es claro es que no se permitirá impunidad”, afirmó.
