LA PAZ 28 Oct. (NÓMADA NEWS).- La “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”, proyectado por el Comité Cívico Cruceñista, fue promulgada anoche por el presidente Luis Arce Catacora. La norma establece un régimen de tres meses que permitirá a actores privados importar combustibles bajo control estatal y fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El vicepresidente de los cívicos cruceños, Agustín Zambrana, sostuvo reuniones en La Paz con representantes de mineros sindicalizados, cooperativistas y choferes del transporte público, quienes coincidieron en la necesidad de socializar la norma y asegurar que su aplicación no afecte a los sectores más vulnerables.
La Ley N° 1657 dispone que, de manera excepcional y por un periodo de 90 días, personas naturales o jurídicas podrán importar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) con liberación temporal de impuestos y bajo un sistema digital de licencias emitidas por la ANH en un plazo máximo de 48 horas.
La medida tiene como objetivo garantizar el suministro interno, evitar desabastecimientos y agilizar los procesos de importación en coordinación con los sectores productivos del país. Según la normativa, las estaciones de servicio podrán adquirir combustible de importadores habilitados o realizar la compra directa desde frontera, siempre bajo la supervisión estatal para evitar irregularidades o mezclas con carburantes subvencionados.
Desde Santa Cruz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó la promulgación como una “respuesta a una necesidad nacional urgente”, mientras que otros actores destacaron la importancia de mantener los canales de diálogo y coordinación interinstitucional.
En La Paz, representantes de los mineros y cooperativistas expresaron su respaldo condicionado a que la ley sea temporal y transparente, solicitando un proceso de socialización que garantice la equidad y control efectivo.
Zambrana informó que los encuentros con estos sectores permitieron “aclarar que la norma no es obligatoria, sino una medida de emergencia” para facilitar el acceso al combustible y apoyar la continuidad de la producción nacional.
