LA PAZ 09 Oct. (NÓMADA NEWS).- A dos años de la intervención y cierre del Banco Fassil, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo aún no logra recuperar Bs 322 millones pertenecientes a los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos.
Según explicó el exgerente de la entidad, Jaime Durán, el dinero forma parte de los recursos que quedaron atrapados tras el colapso del banco, y cuya devolución está comprometida en un cronograma que se extenderá hasta el 2033.
“Del total del monto que debía ser devuelto, los juicios que se están realizando alcanzan a 322 millones de bolivianos. De los Bs 10.458 millones depositados por las AFP Futuro y Previsión, ya se aseguraron cerca de Bs 10.100 millones”, precisó Durán.
Bonos subordinados y perjuicio a los aportantes
De los recursos pendientes, Bs 200 millones corresponden a bonos subordinados, un tipo de inversión considerada de “segundo orden”, lo que significa que su devolución se realizará después de que se cancelen las obligaciones de primer nivel, como depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro.
Esta situación afecta directamente a los aportantes de los fondos de pensiones, ya que los Bs 322 millones en litigio pertenecen a los trabajadores bolivianos. “Como se trata de recursos que corresponden a los asegurados, inmediatamente se activaron los procesos legales para garantizar su recuperación”, sostuvo Durán en entrevista a No Mentirás.
Juicios y cronograma de devolución
La Gestora ha iniciado procesos judiciales para exigir la devolución de los fondos y forma parte de los mecanismos establecidos dentro del fideicomiso de liquidación del Banco Fassil. No obstante, el cronograma de pago —que abarca hasta el año 2033— prolonga la incertidumbre sobre el retorno efectivo del dinero.
Contexto del caso
El Banco Fassil fue intervenido en 2023 tras detectarse irregularidades financieras y una grave falta de liquidez. En ese momento, las AFPs tenían depositados más de Bs 10.400 millones de los fondos de pensiones.
Aunque el 97% de los recursos ha sido recuperado o asegurado, los Bs 322 millones restantes continúan bajo procesos judiciales, reflejando los efectos prolongados de la crisis financiera de la entidad.
