POTOSÍ, Sep 25 (NÓMADA NEWS).- El histórico Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio de la Humanidad, vuelve a estar en el centro de la polémica. La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, y del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo Fernández, por incumplir el mandato de preservar y estabilizar la cúspide del cerro, afectada por derrumbes desde hace más de una década.
La decisión judicial busca presionar a las autoridades a presentar resultados concretos. El fallo les otorga un plazo de un mes para demostrar las medidas de mitigación implementadas y la reubicación de operaciones mineras en zonas de menor riesgo. Caso contrario, se aplicarán multas progresivas y se remitirá el caso al Ministerio Público.
El cerro, símbolo de la riqueza colonial y referente de la identidad potosina, enfrenta un proceso de degradación estructural que preocupa a organismos nacionales e internacionales. La Sentencia Constitucional Plurinacional 1062/2022 ya había ordenado la preservación del yacimiento, pero, según los dirigentes cívicos potosinos, el Estado no cumplió con las obligaciones asumidas.
“Han pasado tres años desde que la Justicia dispuso medidas concretas y hasta ahora no hay resultados visibles. La cúspide del Cerro sigue en riesgo, y con ella nuestra historia y el título de Patrimonio Mundial”, lamentó la dirigencia del Comité Cívico Potosinista.
El Ministerio de Minería evitó pronunciarse sobre la determinación judicial, calificándola de “tema delicado”, mientras que la Comibol tampoco emitió ningún comunicado.
En 2021, las entidades cívicas habían presentado una acción popular contra el Ministerio de Minería y la Comibol por no regular el trabajo de las cooperativas y por permitir actividades que, según denunciaron, aceleraron el deterioro del cerro.
Más allá de la sanción económica, el fallo reaviva la discusión sobre el futuro del Cerro Rico y la responsabilidad del Estado en proteger un patrimonio que no solo pertenece a Potosí, sino a toda la humanidad.
